Buscar

Conversamos con Sabrina Lustgarten, Directora Nacional de HIAS Ecuador



1. ¿De qué manera la pandemia ha incidido en la problemática de la movilidad humana en el Ecuador?


La pandemia ha causado una crisis mundial sin precedentes y sin duda Ecuador ha sido uno de los países más afectados. Muchas personas refugiadas y migrantes que antes de esta crisis ya enfrentaban importantes retos en cuanto a xenofobia, acceso a educación, salud y oportunidades laborales, han perdido sus fuentes de ingresos. Además, al igual que todos, han enfrentado los efectos psicológicos producidos por el confinamiento y distanciamiento social, pero particularmente la carencia de redes de familiares y amigos que hace que su situación emocional sea aún más difícil.


Algo que quisiera mencionar es que un importante porcentaje de personas refugiadas y migrantes depende del comercio informal o de oportunidades de empleo en servicios, dos de los sectores más afectados por la pandemia. Aquellas personas que ya habían alcanzado cierto nivel de estabilidad, ahora ya no pueden cubrir necesidades básicas como arriendo, alimentos, higiene y atención médica, y tampoco pueden cumplir con las medidas de distanciamiento social por la necesidad imperante de generar ingresos. Esto ha resultado en el aumento de la desnutrición crónica infantil, la imposibilidad de una adecuada lactancia materna, entre otros problemas relacionados a la seguridad alimentaria. Todo esto acrecienta la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con enfermedades graves y crónicas y mujeres en riesgo de violencia sexual y de género. Además, es muy notable que, por no poder cubrir los costos de arriendo, hay muchas familias que enfrentan situaciones de desalojo y pierden un lugar seguro para vivir.



2. ¿Cuál es el panorama para las mujeres y niñas refugiadas y migrantes?


Sin lugar a dudas la desigualdad de género es una problemática presente en todo el mundo, no obstante, en contextos de movilidad humana la brecha de desigualdad es mucho mayor y las niñas y mujeres refugiadas y migrantes enfrentan más riesgos de vulneración de derechos.


Los procesos de movilidad humana generan afectaciones diferenciadas para las mujeres y niñas, quienes se ven expuestas a riesgos de sufrir violencia sexual, trata de personas y otras formas de violencia de género. Según datos de un estudio realizado por ACNUR, mientras que la violencia afecta a 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas, en el caso de las mujeres en movilidad esta cifra aumenta a 2 de cada 3 mujeres.


La suspensión de fuentes de empleo, el aumento de preocupaciones económicas, las restricciones de movilidad, la sobrecarga de tareas de cuidado en el hogar, las dificultades en el acceso a servicios de protección y varios otros factores como el confinamiento con los agresores se traducen en un incremento exponencial de riesgos de violencia basada en género. Frente a toda esta problemática todos los procesos de recuperación frente a la pandemia deben enfocarse en prevenir, mitigar y responder a la violencia basada en género, tomando en cuenta los retos adicionales que enfrentan las mujeres en movilidad humana. De igual manera, la inclusión de las mujeres migrantes y refugiadas en los sistemas de protección del Estado es esencial para mitigar los riesgos de protección y que puedan ser tratadas con dignidad.



3. ¿Qué acciones se están desarrollando en el país para mitigar las causas y los efectos de esta problemática?


Todas las intervenciones que responden a la crisis migratoria trabajan tanto con personas en movilidad como con las comunidades ecuatorianas de acogida con el objetivo de promover la cohesión social. En el marco de estos procesos, el enfoque de género, busca que las personas sobrevivientes de violencia, independientemente de su nacionalidad, accedan a servicios que promuevan su recuperación, pero al mismo tiempo se trabaja en sensibilización y educación sobre la violencia basada en género con el objetivo de generar un verdadero cambio en la sociedad, promoviendo el desarrollo de relaciones igualitarias y libres de violencia.


En el caso particular de HIAS, como organización, siempre priorizamos la inclusión de mujeres en nuestro accionar, promoviendo su bienestar, y hemos generado programas especializados de trabajo que promueven su empoderamiento económico como es el caso de nuestra Escuela de Emprendimiento con Enfoque de Género, que ha impactado a más de 1700 mujeres y sus familias en la promoción de su autonomía, seguridad, empoderamiento e inclusión financiera. Así también desde nuestra experiencia aportamos a que las empresas privadas construyan una capacidad de respuesta adecuada a la violencia basada en género.



4. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la inclusión económica de las mujeres refugiadas y migrantes?


La participación de las mujeres en el mercado de trabajo con respecto a los hombres sigue siendo desigual y ese es un reto que se debe afrontar a nivel global, pero cuando hablamos de mujeres refugiadas y migrantes las dificultades que impiden su ocupación plena se agudizan.


Las mujeres migrantes y refugiadas enfrentan dificultades como la escasa oferta de oportunidades laborales, discriminación, dificultades en el acceso a documentación, y en el caso de aquellas mujeres con niños y niñas, la imposibilidad de compaginar el horario laboral con las tareas de cuidado que recaen en la gran mayoría de casos solo en ellas y no en otros miembros de los núcleos familiares. Frente a esta realidad la mayoría de mujeres en movilidad recurre al comercio informal o actividades generadoras de ingresos informales que implican varios riesgos. Así mismo, a causa de la estigmatización de la mujer en movilidad humana están expuestas a acoso sexual y otras formas de violencia en el espacio público.


El dar oportunidades laborales a las mujeres refugiadas y migrantes, no solamente traería una vida más digna para ellas y sus familias, sino también la economía local se activaría con el aporte adicional de esta población.



5. ¿Cuál podría ser el rol de la empresa privada en favor de estas causas?


Tal como lo afirma un estudio del Banco Mundial, el brindar oportunidades de inclusión económica a las personas refugiadas y migrantes podría generar una contribución de hasta el 2% del PIB del Ecuador; y es justamente en este punto donde la empresa privada juega un rol fundamental.


El impacto comercial y de negocio positivo que genera la diversidad de género en la cadena de valor es indiscutible y en el caso de mujeres refugiadas y migrantes se potencializa ya que estas mujeres traen consigo habilidades y experiencias que podrían ser aprovechadas por las empresas para crear un ambiente laboral inclusivo, dinámico y alineado a estrategias de ganar-ganar.


Los entornos inclusivos laborales, alineados con principios de responsabilidad social empresarial se traducen en oportunidades de vinculación laboral o de inclusión en las cadenas de valor de las mujeres refugiadas y migrantes. Estos programas tienen la oportunidad de generar iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible y el valor compartido, enfocadas en la consecución de los ODSs, particularmente aquellos relacionados con temas de empleabilidad e igualdad de género que nos aseguren no dejar a nadie atrás.