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EL FONDO POR TODOS rinde cuentas sobre sus primeros avances


Roque Sevilla, presidente del Directorio del Fondo POR TODOS “solidaridad en comunidad”, presentó un primer reporte de rendición de cuentas sobre las soluciones que el Fondo Por Todos está implementando para la mitigación de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.

El fondo tiene comprometidas donaciones de empresas y la ciudadanía por alrededor de siete millones de dólares. Hasta la fecha, ha destinado 4´637.776 dólares en la implementación de iniciativas para contribuir al auxilio de los más vulnerables durante la crisis sanitaria que atraviesa nuestro querido país.

Sevilla comentó que los primeros avances concretos se han cumplido en cuatro ejes de muy urgente atención: 1) alimentos para sostener el aislamiento; 2) pruebas para la detección del COVID-19; 3) centros respiratorios de triaje; y 4) protección personal y asistencia crítica.

Manifestó que, en el eje de alimentos para sostener el aislamiento, hasta el 24 de abril, se han entregado contribuciones por 1’424.890 dólares en asistencia económica y raciones alimenticias que cubrirán alrededor de 65.000 personas durante dos meses.

La entrega se está realizando en localidades específicas de la sierra centro del país, la periferia de Quito, la provincia de Esmeraldas, el noroccidente de Quito, la ciudad de Cuenca, la Amazonía y Galápagos. Estas iniciativas son coordinadas con el MIESS y gestionadas en cooperación con importantes organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales como CARE, Plan Internacional, ChildFund Ecuador, Fundación Raíz, Fundación SachaWarmi, Banco de alimentos de la arquidiócesis de Cuenca, Fundación Jardín del Cajas y la Cruz Roja Ecuatoriana de Galápagos. Con estos aliados se crecerá progresivamente en la cobertura del territorio, con prioridad en las poblaciones más vulnerables del país.

En el eje de pruebas para la detección del COVID-19 se hallan en proceso de importación más de $1,3 millones de dólares en 100,000 pruebas serológicas rápidas y 10,000 kits para pruebas RT-PCR de diagnóstico. Así mismo, está en marcha un proyecto con el aporte del Sustainable Science Institute de Estados Unidos para dotar al Ecuador de un protocolo para realizar pruebas serológicas para detección de anticuerpos, sustancialmente más económicas y precisas que las actuales pruebas rápidas. Esta iniciativa se ejecuta en cooperación con la Cruz Roja Ecuatoriana, universidades e instituciones públicas, para contribuir en el proceso de reactivación productiva del país.

Explicó que en el eje correspondiente a centros respiratorios de triaje, se ejecutará un proyecto con la Cruz Roja Ecuatoriana en el centro de salud del MSP en San Antonio de Pichincha, con una inversión de más de

245.000 dólares y se está evaluando un centro adicional en cooperación con Fundación Esquel y el IESS en el Hospital San Francisco en la zona de Carcelén en Quito. Estos proyectos son críticos para brindar atención primaria como primer frente de tratamiento y triaje clínico, para contribuir a descongestionar los hospitales que están atendiendo a pacientes con COVID-19. Se llegaría a atender a alrededor de 80.000 pacientes durante tres meses con estas dos iniciativas.

En el eje de protección personal y asistencia crítica, manifestó que se han entregado en comodato equipos radiológicos especializados a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, con una inversión de 212.800 dólares. Se entregaron recursos por 800.000 dólares al Comité́ Especial de Emergencia por Coronavirus de Guayaquil para la importación emergente de equipos de protección personal para nuestros héroes de la salud.

Adicionalmente, se entregaron recursos para la adquisición emergente de equipos de protección para el personal del Hospital Baca Ortiz de Quito, por un valor de 14,168 dólares. Finalmente, en este eje, están en proceso órdenes de compra de equipos de protección personal, tanto de fabricación nacional como importados, por un monto de 594.750 dólares para dotar de protección sanitaria, principalmente al personal de la salud y servidores públicos en actividades de riesgo.

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