Conversamos con María Auxiliadora Villagómez, Directora País de ChilFund Ecuador

Niñez y adolescencia en Ecuador: brechas, riesgos y el rol estratégico del sector privado

Una mirada desde ChildFund International y CERES

Ecuador atraviesa un momento decisivo. Las cifras muestran un país donde niñas, niños y adolescentes crecen en entornos marcados por la violencia, la pobreza y el miedo; pero también un país con capacidades, instituciones, empresas y organizaciones dispuestas a actuar con responsabilidad y visión de futuro. Invertir en la niñez no es una apuesta asistencialista: es la base misma de la estabilidad económica, la productividad y la sostenibilidad empresarial.

Hoy, más que nunca, necesitamos una corresponsabilidad real. Cada política pública, cada decisión empresarial y cada inversión social puede contribuir —o no— a reducir las brechas que condicionan la vida de millones de niñas y niños. El compromiso del sector privado, articulado con el Estado y la sociedad civil, es clave para construir entornos seguros, escuelas que protejan, comunidades que acompañen y familias que puedan cuidar.

Desde ChildFund y CERES, reafirmamos la convicción de que la protección y el desarrollo integral de la niñez es la inversión más estratégica que el país puede hacer. No hay transformación posible sin poner a la infancia en el centro. Un Ecuador seguro, próspero e innovador solo será viable si garantizamos que cada niña, niño y adolescente crezca con dignidad, oportunidades reales y la posibilidad de imaginar un futuro distinto.

¿Cuáles son hoy las principales brechas que afectan a la niñez y adolescencia en Ecuador?

Las niñas, niños y adolescentes en Ecuador crecen en un contexto de pobreza y desigualdad, desnutrición crónica persistente, embarazo temprano, crisis de violencia y criminalidad, servicios sociales al límite y brechas territoriales, étnicas, de género y digitales. El estudio Ecuador: Niñez y Adolescencia en 360°[1] muestra que estas condiciones se traducen en experiencias cotidianas de miedo, desplazamientos, falta de oportunidades educativas y digitales, y escasa participación en las decisiones que les afectan, pese a los avances normativos alineados con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

De acuerdo con la ENEMDU 2023, la pobreza por ingresos alcanza al 26% de la población, pero en el área rural sube a 42,2%; la pobreza extrema llega al 9,8% a nivel nacional y al 23,7% en zonas rurales. El estudio Niñez y Adolescencia en 360° confirma que alrededor del 36% de niñas, niños y adolescentes viven en pobreza, porcentaje que asciende al 43% en áreas rurales y al 61% en comunidades indígenas, consolidando un patrón de exclusión étnico-territorial que se transmite de generación en generación.

Para miles de niñas, niños y adolescentes, crecer en hogares con ingresos insuficientes significa convivir con inseguridad alimentaria, viviendas sin acceso confiable a agua potable, sistemas de saneamiento deficientes, dificultades para costear transporte escolar y una mayor probabilidad de interrumpir su trayectoria educativa. La pobreza también aumenta la exposición a riesgos como el trabajo infantil, la migración forzada o reclutamiento por grupos delictivos. Estas condiciones no solo deterioran su presente, sino que reducen de manera drástica sus oportunidades futuras de aprendizaje, salud, empleabilidad y participación ciudadana, reproduciendo un ciclo intergeneracional de exclusión que el país debe enfrentar con urgencia y decisión.

En primera infancia, la desnutrición crónica infantil (DCI) y el limitado acceso a servicios de desarrollo infantil siguen siendo los dos desafíos más críticos. La Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI 2022–2023) muestra que alrededor del 20% de las niñas y los niños menores de 2 años y el 17% de quienes tienen menos de 5 años presentan desnutrición crónica infantil, con prevalencias más altas en el área rural y en la Sierra. A esto se suma que solo 1 de cada 3 niñas y niños accede a servicios de desarrollo infantil. En la práctica, esto implica que decenas de miles de niños enfrentarán en el corto plazo afectaciones difíciles de revertir en su desarrollo cognitivo, emocional y social. Desde una perspectiva de ciclo de vida, estas brechas condicionan el ejercicio posterior de derechos a la educación, a la salud, al trabajo decente y a la participación plena en la sociedad.

Un factor crítico asociado a estas brechas es la falta de acceso universal a agua segura y saneamiento. Según cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), casi el 30% de los hogares rurales consume agua no tratada o potencialmente contaminada, y más de 400.000 niñas y niños viven en viviendas sin acceso a sistemas adecuados de saneamiento. El uso de agua contaminada está directamente vinculado a diarreas recurrentes, parasitosis y otras enfermedades que afectan la nutrición, absorción de nutrientes y, en consecuencia, los niveles de desnutrición crónica infantil. La ausencia de saneamiento seguro también incrementa el riesgo de enfermedades infecciosas, limita la higiene menstrual de adolescentes y profundiza desigualdades de género y territoriales.

Ecuador mantiene una cobertura relativamente alta en educación primaria, pero persisten rezagos en transición, secundaria y bachillerato, especialmente en zonas rurales, fronterizas y en contextos atravesados por la violencia. El reciente comunicado de UNICEF sobre la crisis de seguridad señala que, debido a la violencia armada y al cierre temporal de escuelas, más de 4,3 millones de niñas, niños y adolescentes vieron afectado su derecho a una educación segura entre 2023 y 2024.

El estudio Niñez y Adolescencia en 360° recoge testimonios de adolescentes que relatan ausentismo por miedo, cambios constantes de jornada, clases en línea con mala conectividad o suspensión de actividades por tiroteos y extorsiones. Esta combinación de miedo, interrupciones y baja calidad educativa erosiona la continuidad de los aprendizajes y limita el desarrollo de proyectos de vida.

Aunque las cifras oficiales de trabajo adolescente de 15 a 17 años parecen relativamente bajas (alrededor de 3,9% en 2022), la investigación 360° documenta trabajo infantil, especialmente en calle y economías informales, asociado a la crisis económica y al deterioro de la seguridad. En Quito, por ejemplo, se estima un incremento de alrededor del 37% del trabajo infantil en calle entre 2022 y 2024, afectando sobre todo a niños y adolescentes de hogares pobres, rurales e indígenas.

La brecha digital profundiza estas desigualdades: la conectividad sigue siendo más limitada, costosa y de menor calidad en zonas rurales y amazónicas. Esto restringe tanto el acceso a educación en línea como la posibilidad de informarse, participar y desarrollar habilidades digitales clave para el futuro.

En términos de protección, la brecha más dramática es el aumento de la violencia letal y no letal contra niñas, niños y adolescentes. En 2023, Ecuador registró una tasa de 47,25 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina, asociada al auge del crimen organizado. UNICEF reporta que los homicidios de niñas, niños y adolescentes pasaron de 104 casos en 2019 a al menos 770 en 2023, un incremento del 640%, configurando para muchos territorios un escenario cercano a un “conflicto armado interno de facto”. Esta violencia ha llevado al cierre de escuelas y a la interrupción de servicios básicos, dejando a millones de niñas y niños sin educación presencial ni servicios de salud y protección.

La escalada de violencia continúa en 2025. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO, 2025), solo en el primer semestre del año se registraron 4.619 homicidios intencionales en el país, un 47% más que en el mismo período de 2024. La violencia no se concentra únicamente en las grandes ciudades, sino que se ha extendido a zonas rurales, fronterizas y corredores logísticos, afectando de manera directa a niñas, niños y adolescentes.

El OECO reporta que los homicidios de adolescentes de 10 a 19 años aumentaron un 68% entre 2024 y 2025, alcanzando 504 casos a nivel nacional. UNICEF (2025) identifica que las provincias con mayores tasas de homicidios adolescentes —Guayas, Los Ríos y El Oro— forman parte de una geografía de riesgo marcada por economías ilícitas, disputas entre organizaciones delictivas y debilitamiento de servicios públicos esenciales.

El estudio Niñez y Adolescencia en 360° señala que las muertes por agresiones y homicidios de niñas, niños y adolescentes en 2022 fueron cuatro veces más altas que en 2021 y que la conflictividad cotidiana en hogares, escuelas y barrios (agresiones físicas, intimidación, amenazas, castigos violentos) aumenta con la edad y se concentra en hogares de menores ingresos.

A ello se suma el reclutamiento por grupos delictivos en zonas costeras y fronterizas y el desplazamiento interno por violencia: en 2024 se reportaron alrededor de 101.000 personas desplazadas, casi la mitad niñas, niños y adolescentes. Este contexto vulnera no solo su derecho a la vida y la integridad, sino también su arraigo comunitario, su trayectoria educativa y su salud mental.

El estudio “Acercamiento al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Ecuador” (UNICEF, 2025) revela que el reclutamiento se ha vuelto un fenómeno nacional, presente tanto en ciudades principales como en zonas fronterizas y áreas rurales. La combinación de pobreza, exclusión educativa, falta de oportunidades y normalización de la violencia incrementa la exposición de adolescentes a redes delictivas. Los grupos armados recurren a coerción, manipulación emocional, presión de pares y promesas económicas que explotan las vulnerabilidades preexistentes.

En salud sexual y reproductiva, Ecuador mantiene tasas preocupantes de embarazo adolescente. El Ministerio de Salud Pública reporta una Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes (TEFA) de 49,4 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años en 2021, y cerca de 47,3 en 2022. UNFPA recuerda que cada día dan a luz en el país alrededor de 5 niñas de 10 a 14 años y 105 adolescentes de 15 a 19 años. En ese sentido, miles de adolescentes, sobre todo niñas pobres, indígenas y afrodescendientes, quedan atrapadas en trayectorias de cuidado no elegido, abandono escolar y dependencia económica, lo que las hace más vulnerables a violencias de pareja, explotación sexual y trabajo precario.

Detrás de estas cifras hay historias de violencia sexual, uniones tempranas, desigualdad de género y dificultades de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva amigables y oportunos. Los embarazos se concentran en contextos de pobreza, ruralidad, pueblos indígenas y afrodescendientes, reproduciendo ciclos intergeneracionales de exclusión y dependencia económica.

El estudio 360° incorpora preguntas sobre salud mental, consumo y violencias. Se ha documentado que el 7,6% de niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años consume bebidas alcohólicas, con patrones de inicio cada vez más tempranos y normalizados en ciertos entornos familiares y comunitarios.

Niñas, niños y adolescentes describen sentimientos de miedo, ansiedad e incertidumbre frente a la violencia, la crisis económica y las migraciones, pero también expresan aspiraciones claras: vivir sin miedo, tener escuelas seguras, contar con personas adultas que escuchen y acompañen, y disponer de espacios de juego, cultura y tecnología seguros.

La salud mental emerge como una de las áreas más debilitadas del sistema de protección en Ecuador. Investigaciones recientes (Castro-Jalca et al., 2023) reportan una alta prevalencia de ansiedad, depresión, irritabilidad y alteraciones del sueño en adolescentes, vinculadas a entornos familiares estresantes, violencia comunitaria y crisis económica. UNICEF (2025) y el International Rescue Committee (IRC, 2024) documentan que los síntomas se agravan en contextos con presencia de grupos delictivos, interrupciones educativas y desplazamientos internos.

El acceso a atención especializada es muy limitado: de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS, 2020), Ecuador cuenta con menos de 1,2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, y la mayoría se concentra en pocas ciudades. Esto deja a amplios territorios —particularmente áreas rurales, amazónicas y periferias urbanas— con una oferta mínima o inexistente de intervención temprana y apoyo psicosocial, lo que subraya la urgencia de modelos comunitarios y escalables de salud mental.

Al mismo tiempo, se desenvuelven en ecosistemas digitales donde convergen oportunidades y riesgos: acceso a información, educación y redes de apoyo, pero también ciberacoso, difusión no consentida de imágenes íntimas, discursos de odio, grooming, sextorsión y otras formas de explotación sexual en línea (OSEAC). En un contexto de violencia generalizada, se corre el riesgo de naturalizar tanto la violencia offline (tiroteos, extorsión, reclutamiento) como la violencia online, convirtiéndolas en parte del paisaje cotidiano de la infancia.

¿Cuál es el mayor riesgo para la niñez en los próximos años y cómo deberíamos enfrentarlo como país?

Si proyectamos las tendencias actuales, el mayor riesgo para la niñez y adolescencia en Ecuador en los próximos años es la convergencia de tres dinámicas:

1. La consolidación de un contexto de violencia criminal y reclutamiento de adolescentes.

2. La persistencia de pobreza y desnutrición crónica en la primera infancia.

3. La profundización de desigualdades digitales y de género, que limitan el acceso a educación, empleo y participación.

Si no se actúa con decisión, el país corre el riesgo de consolidar una “generación marcada por la violencia”, con graves impactos en salud mental, escolaridad, proyecto de vida, tejido comunitario y cohesión social.

Líneas de acción: Estado, sistema de protección y escuela

Desde un enfoque de derechos y de ciclo de vida, las respuestas deben ser integrales y sostenidas:

Estado y sistema de protección

• Reforzar el sistema especializado de protección integral, recuperando la centralidad de la niñez en la institucionalidad pública.

• Aumentar y blindar la inversión en primera infancia (desnutrición crónica infantil cuidado, educación inicial) y en protección frente a violencias, mediante presupuestos etiquetados y mecanismos de no regresividad.

• Articular políticas de seguridad ciudadana con la protección de derechos: planes de seguridad que incluyan escuelas seguras, rutas de protección, prevención del reclutamiento y protocolos claros de coordinación entre educación, interior, justicia, salud y gobiernos locales.

Escuela y sistema educativo

• Implementar y financiar de forma robusta planes de “escuelas seguras” y de convivencia pacífica, con enfoque de salud mental, prevención de violencias de género y digitales, y participación estudiantil.

• Garantizar apoyos diferenciados para estudiantes desplazados, en movilidad humana, con discapacidad y de pueblos y nacionalidades, mediante tutorías, nivelación académica y apoyo psicosocial.

• Integrar la educación digital crítica y la ciudadanía en línea desde la primaria, para que niñas, niños y adolescentes desarrollen habilidades de autoprotección, denuncia y apoyo entre pares.

Comunidad, familia y sector privado

• Fortalecer redes locales de protección, comités comunitarios y mecanismos de alerta temprana que articulen escuela, servicios de salud, organizaciones comunitarias y policía con enfoque de protección integral, no represivo.

• Promover programas de crianza positiva, apoyo psicosocial y transferencias monetarias (condicionadas y no condicionadas) que reduzcan la presión económica que empuja a niños al trabajo infantil o a vincularse con grupos delictivos.

• Involucrar activamente al sector privado en la reducción de la pobreza infantil mediante empleo digno, políticas de conciliación, inversiones en entornos protectores y debida diligencia en derechos de la niñez (sección 4).

¿Qué retos enfrentan las organizaciones que trabajan en favor de la niñez y adolescencia en el Ecuador?

Las organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez y adolescencia enfrentan hoy un entorno extremadamente desafiante:

Fragmentación institucional y debilidad del sistema especializado

Después de la Constitución de 2008 y reformas posteriores, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia perdió parte de su especialidad, debilitando la rectoría específica en derechos de niñas, niños y adolescentes. Para las organizaciones, esto se traduce en interlocutores difusos, procesos burocráticos más lentos y mayores dificultades para coordinar acciones de prevención, atención y restitución de derechos.

Violencia e inseguridad en los territorios

Trabajar en barrios y comunidades afectadas por la violencia implica retos de seguridad muy concretos: dificultades para ingresar a territorios controlados por bandas, riesgos para el personal de campo, interrupción de actividades por amenazas, desplazamientos o toques de queda informales. La escalada de homicidios, particularmente el aumento de la tasa de homicidios en niñas, niños y adolescentes entre 2019 y 2023, y el incremento de muertes por agresiones reportado por el estudio 360°, limitan la posibilidad de mantener presencia continua y construir vínculos de confianza.

Financiamiento inestable y rotación de personal

Muchas organizaciones dependen de la cooperación internacional con ciclos de financiamiento cortos (2–3 años), lo que dificulta sostener intervenciones de largo plazo, indispensables para modificar determinantes estructurales como pobreza, desnutrición crónica infantil o embarazo adolescente. La inestabilidad macroeconómica desplaza recursos hacia respuestas de emergencia, reduciendo fondos para prevención y fortalecimiento institucional. A esto se suma la alta rotación de personal en instituciones públicas (educación, salud, justicia), que obliga a reiniciar procesos de capacitación y articulación una y otra vez.

Participación de niñas, niños y adolescentes e interculturalidad

Aunque el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño y la normativa nacional reconocen el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, en la práctica las organizaciones encuentran dificultades para asegurar una participación sistemática, ética y vinculante: limitaciones de tiempo y presupuesto, prácticas adultocéntricas, ausencia de protocolos de salvaguarda y escasos mecanismos de devolución de resultados.

El estudio 360° —que recoge la voz de más de 1.100 niñas, niños y adolescentes— muestra que cuando se les escucha, tienen diagnósticos finos y propuestas concretas sobre violencia, escuela, ambiente y futuro. El desafío es traducir esas voces en cambios efectivos en políticas, presupuestos y prácticas institucionales.

Trabajar con pueblos indígenas, afrodescendientes, población en movilidad humana o niñas, niños y adolescentes con discapacidad exige, además, enfoques interculturales, lingüísticos y de accesibilidad que no siempre están suficientemente financiados ni institucionalizados.

Dimensión digital, explotación sexual en línea y nuevas formas de violencia

El avance de las tecnologías digitales ha abierto un frente de riesgo que obliga a las organizaciones a reconvertirse:

• Formación en ciberseguridad y alfabetización digital para niñas, niños y adolescentes, familias y docentes.

• Atención y acompañamiento a víctimas de explotación sexual en línea.

• Coordinación con unidades especializadas de Fiscalía y Policía.

• Diseño de materiales pedagógicos y campañas de prevención.

Oportunidades estratégicas como país

Ecuador dispone de condiciones favorables para avanzar hacia un modelo de protección integral más sólido y sostenible:

• Un marco constitucional y normativo robusto, alineado con la Convención sobre los Derechos del Niño.

• Amplia experiencia acumulada en programas de primera infancia, nutrición, educación inicial y protección frente a violencias.

• Capital humano en ministerios, gobiernos locales y sociedad civil con sólida trayectoria técnica.

• Una creciente conciencia ciudadana y empresarial sobre la importancia de invertir en la niñez como estrategia de desarrollo, productividad y sostenibilidad.

• La oportunidad de incorporar a la niñez de manera explícita en las agendas los criterios Ambiental, Social y Gobernanza (ESG)[2] del sector privado, generando entornos protectores y promoviendo cadenas de valor responsables.

El aporte de la cooperación internacional

La cooperación internacional ha cumplido un papel fundamental en los últimos años para sostener programas de nutrición, protección frente a violencias, educación, movilidad humana y fortalecimiento institucional. Organismos como UNICEF, el Banco Mundial, el BID, la Unión Europea, USAID, UNFPA, ACNUR y múltiples organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales —incluyendo ChildFund— han apoyado al país con asistencia técnica, financiamiento, innovación social y generación de datos.

Gracias a estos esfuerzos, ha sido posible:

• Implementar modelos intersectoriales para reducir la desnutrición crónica infantil.

• Desarrollar mecanismos de protección frente a violencias físicas, sexuales y digitales.

• Fortalecer sistemas de salud, educación e inclusión para poblaciones vulnerables.

• Ampliar investigación, monitoreo y sistemas de prevención de riesgos.

• Capacitar talento humano en instituciones clave, gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

La cooperación, sin embargo, no reemplaza la responsabilidad del Estado ni del sector privado. Su mayor aporte es catalizar transformaciones, apoyar la innovación y ofrecer evidencia para que las políticas públicas y las inversiones sociales se mantengan y escalen con sostenibilidad.

¿Qué rol debería asumir el sector privado para generar entornos protectores y oportunidades reales para NNA?

El sector privado en Ecuador no es un actor “complementario”, sino corresponsable —junto con el Estado y la sociedad— de garantizar los derechos de la niñez, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los Principios Empresariales sobre los Derechos del Niño. En un contexto de violencia, pobreza infantil, desnutrición crónica infantil persistente y brechas educativas y digitales, las empresas pueden integrar a la niñez en su estrategia de negocio, sus políticas Ambiental, Social y Gobernanza (ESG) y sus procesos de debida diligencia en derechos humanos.

Frente a estas brechas, el sector privado puede desempeñar un rol decisivo aportando recursos, capacidades, infraestructura y visión de futuro. Las empresas que operan en territorios de riesgo tienen la oportunidad de contribuir a la reducción de la violencia, fortalecer el tejido social y mejorar las condiciones que afectan también sus operaciones y la seguridad de sus colaboradores.

Cadenas de valor libres de trabajo infantil y explotación

Con un 36% de niñas y niños viviendo en pobreza —43% en áreas rurales y 61% en comunidades indígenas— el riesgo de trabajo infantil económico y doméstico es alto. El sector privado puede actuar de manera decisiva si:

• Implementa sistemas de debida diligencia para identificar, prevenir y eliminar el trabajo infantil en sus cadenas de suministro, especialmente en agricultura, comercio, servicios tercerizados y logística.

• Establece cláusulas contractuales y mecanismos de verificación con proveedores y subcontratistas, brindando acompañamiento técnico para transitar hacia prácticas laborales que no descansen en mano de obra infantil.

• Coordina con el Estado y organizaciones sociales para que la salida de niñas, niños y adolescentes del trabajo se acompañe de acceso a escuela, protección social y servicios de apoyo familiar.

Reducción de la pobreza infantil mediante empleo digno y políticas de cuidado

La pobreza multidimensional y la desnutrición crónica infantil están estrechamente ligadas a la precariedad laboral de madres, padres y cuidadores. Las empresas pueden contribuir a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante:

• Empleo formal, con salarios dignos y estabilidad, priorizando la contratación de jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.

• Políticas de conciliación trabajo–cuidado (licencias ampliadas, horarios flexibles, teletrabajo, servicios o bonos de cuidado infantil) que permitan atender adecuadamente los primeros 1.000 días de vida.

• Programas de inclusión laboral para mujeres jóvenes madres, sobrevivientes de violencia, personas en movilidad humana y adolescentes egresados de sistemas de protección.

Entornos protectores en escuela, comunidad y espacio público

En territorios atravesados por la violencia criminal, es crucial que las empresas incorporen la protección de la niñez en sus inversiones territoriales y programas de responsabilidad social:

• Co-financiar infraestructuras seguras (rutas escolares, iluminación, espacios de juego y deporte, centros comunitarios) en articulación con gobiernos locales, escuelas y organizaciones comunitarias.

• Apoyar programas de prevención de violencias (incluida violencia de género, sexual y digital) y de salud mental comunitaria, en alianza con el sistema educativo y de salud.

• Establecer protocolos de salvaguarda internos y con socios (contratistas, ONG ejecutoras), alineados con estándares como INSPIRE y el Core Humanitarian Standard, para asegurar que ninguna actividad empresarial exponga a niñas, niños y adolescentes a riesgos adicionales.

• Dada la limitada cobertura pública de salud mental, apoyar intervenciones psicosociales comunitarias, programas de prevención de violencia y espacios seguros para adolescentes. Esto resulta especialmente relevante en provincias con mayores tasas de homicidio adolescente y reclutamiento forzado, donde las brechas de servicios son más severas.

Ciudadanía digital, explotación sexual en línea y empresas de tecnología y comunicaciones

Para las empresas de telecomunicaciones, tecnología, medios y plataformas digitales, el desafío es doble: cerrar la brecha digital y, al mismo tiempo, prevenir explotación sexual en línea y otras violencias en línea. Algunas acciones clave son:

• Garantizar conectividad asequible y de calidad en zonas rurales y fronterizas, acompañada de contenidos educativos y herramientas de control parental accesibles.

• Diseñar productos y plataformas con enfoque de “seguridad por diseño” para la infancia: configuraciones de privacidad por defecto, límites de geolocalización, mecanismos sencillos de denuncia y bloqueo, y algoritmos que no amplifiquen contenidos dañinos.

• Colaborar con Fiscalía, Policía y organismos especializados para detectar, reportar y retirar material de abuso sexual infantil en línea, y apoyar campañas masivas de sensibilización sobre grooming, sextorsión y otras formas de violencia y explotación sexual en línea.

Integrar a la niñez en las estrategias los criterios Ambiental, Social y Gobernanza (ESG) y de sostenibilidad

Finalmente, el sector privado puede asumir compromisos explícitos con la niñez dentro de su estrategia “Ambiental, Social y Gobernanza” (ESG):

• Incluir indicadores específicos sobre infancia en sus reportes de sostenibilidad (niñas, niños y adolescentes beneficiados, reducción de brechas educativas y digitales, contribución a la disminución de desnutrición crónica infantil y embarazo adolescente en zonas de influencia, existencia y aplicación de políticas de salvaguarda).

• Crear mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el diseño, monitoreo y evaluación de programas corporativos (por ejemplo, consejos consultivos juveniles), respetando estándares éticos y de protección.

• Alinear sus acciones con la Convención sobre los Derechos del Niño y los Principios Empresariales sobre los Derechos del Niño, entendiendo que la “licencia social para operar” en un contexto de alta violencia y desigualdad pasa por ser aliados activos en la construcción de un país más seguro, equitativo y protector para todas las niñas, niños y adolescentes.

Un llamado a la acción desde lo humano y lo urgente

Como organización, hemos acompañado de cerca la realidad que viven niñas, niños y adolescentes en diversos territorios del país. La violencia, el miedo y la falta de oportunidades no son conceptos abstractos: son historias, miradas y silencios de jóvenes que intentan crecer en entornos cada vez más inciertos. Ecuador atraviesa un momento crítico que exige respuestas coordinadas, sostenidas y valientes.

Sabemos que las empresas también enfrentan desafíos enormes: la seguridad de sus colaboradores, la continuidad de sus operaciones y la presión de un entorno cambiante. Pero también sabemos —porque lo hemos visto— que cuando el sector privado se involucra de manera genuina, las comunidades cambian, y cambia también la realidad que rodea a la empresa misma.

Por eso, junto a CERES, queremos invitarles a formar parte activa de una respuesta nacional por la niñez. No se trata únicamente de responsabilidad social: se trata de estabilidad, de prevención, de sostenibilidad y, sobre todo, de humanidad.

Las empresas pueden aportar recursos, infraestructura, mentorías, voluntariado, conocimiento técnico o financiamiento. Cada contribución abre una puerta. Cada acción protege a una niña, niño y adolescente. Cada alianza suma a la construcción de un país más seguro, justo y esperanzador.

Lo que está en juego es simple y profundo: la posibilidad real de que miles de niñas, niños y adolescentes crezcan con seguridad, apoyo y oportunidades.

Y ese futuro se construye con ustedes.

[1] Ecuador: Niñez y Adolescencia en 360°, es una investigación nacional desarrollada por ChildFund International Ecuador, Kindernothilfe (KNH) y World Vision en 2024, que combina encuestas, grupos focales y entrevistas con 1.173 niñas, niños y adolescentes de diversas regiones del país. El estudio integra además un análisis riguroso de información secundaria proveniente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y de registros administrativos de instituciones públicas (educación, salud, protección, justicia y seguridad). Su enfoque de derechos y de ciclo de vida ofrece una mirada actualizada, multidimensional y basada en evidencia sobre las condiciones de vida, percepciones, riesgos y oportunidades de la niñez y adolescencia en Ecuador. Revise el informe completo en www.infancias360.org

[2] ESG son las siglas en inglés de Envionmental, Social and Gobernance (Ambiental, Social y Gobernanza, ASG en español), unos criterios y metodología que evalúa el desempeño y el impacto ético de las empresas en la sostenibilidad. Los criterios de “Ambiental” se refieren al impacto en el medio ambiente, “Social” a la relación con las personas (empleados, comunidad) y “Gobernanza” a la forma de gestionar la empresa.

Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). (2025). Informe semestral de criminalidad 2025. Quito: OECO.

UNICEF Ecuador. (2025). Acercamiento al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Ecuador. Quito: UNICEF.

International Rescue Committee (IRC). (2024). Análisis de sensibilidad al conflicto en Ecuador. Quito: IRC.

Castro-Jalca, A., Matute-Uloa, G., Morales-Pin, N., & Zambrano-Arauz, P. (2023). Problemas emergentes de salud mental en adolescentes ecuatorianos: revisión bibliográfica. Polo del Conocimiento, 8(9), 976–1020.

Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). (2020). Perfil de Salud Mental: Ecuador.