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AYUDA EN ACCIÓN ofrece respuestas a situación de población migrante en Ecuador

430 familias venezolanas reciben atención integral en Ecuador gracias a los proyectos de Ayuda en Acción



Durante los últimos años, la población migrante en Ecuador ha crecido exponencialmente. Al igual que ocurre en otros países de América Latina y el Caribe, el país ha recibido a millones de personas venezolanas que buscan mejorar sus condiciones de vida. La región alberga a más del 80% de los 5,6 millones de ciudadanos que hasta la fecha han abandonado Venezuela. Este flujo migratorio representa grandes desafíos para los países de tránsito y acogida.


Ecuador y Venezuela, unidas por la migración

Ecuador es el quinto país de la región que recibe el mayor número de migrantes de Venezuela. Por un lado, es país de tránsito para quienes toman la ruta hacia otros países situados al sur, como Perú o Chile, pero también se ha convertido en un país de acogida. Según estimaciones presentadas por la OIM en el Monitoreo de flujo de población venezolana en Ecuador, hasta diciembre de 2020 alrededor de 415.835 personas venezolanas en situación de movilidad humana estaban residiendo en el país.


La COVID-19 empeora la situación de la población migrante

A pesar de ser uno de los países que mayor número de migrantes de Venezuela ha acogido, Ecuador no tiene la capacidad de respuesta que requieren las problemáticas que afectan a las personas en movilidad humana: pobreza, desempleo y falta de oportunidades. La crisis social, económica y sanitaria ocasionada por la COVID-19 impone un desafío adicional a la ya compleja situación. Miles de ciudadanos y ciudadanas de Venezuela en Ecuador sufren las restricciones de movilidad y el confinamiento, lo que ha hecho que muchas de esas personas pierdan por completo sus fuentes de ingreso. Su situación se ve agravada por mayores dificultades en el acceso a servicios de salud, imposibilidad de continuidad o acceso a educación. Además, aumentan las situaciones de violencia intrafamiliar basada en género, así como la estigmatización y el riesgo de explotación sexual y laboral.


430 familias venezolanas reciben atención integral en Ecuador gracias a nuestros proyectos

Esta es la realidad a la que se enfrenta todos los días Jasmine Monsalve, una ciudadana venezolana que hace tres años emprendió viaje junto a su madre hacia Ibarra. Dejar atrás a su natal Mérida, sus amistades y su familia no fue nada fácil. Frunciendo el ceño, Jasmine cuenta que actualmente no tiene una fuente de ingresos:

“La verdad que migrar hacia otro país no ha sido nada fácil. He buscado trabajo, pero hasta el momento no he encontrado nada”.


Esta falta de acceso a medios de vida y al trabajo digno son posiblemente los problemas más relevantes que afecta a la ciudadanía venezolana en Ecuador. El 55% carece de capacidad para generar ingresos que lleguen a cubrir sus necesidades básicas (OIM).


Jasmine y su madre son una de las 430 familias, cuyas necesidades son atendidas en el marco del proyecto «Respuesta regional de atención a población en movilidad humana» que, con financiamiento de la Unión Europea, llevamos a cabo en Ibarra, Otavalo y Antonio Ante. Las familias reciben una atención integral que mejora sus condiciones de vida: reciben tarjetas alimentarias, asisten a talleres de nutrición y orientación legal y son atendidas en consultas de primeros auxilios psicológicos por vía telefónica.


Para Jasmine, el apoyo psicológico ha sido de gran apoyo:

“Recibir llamadas de la psicóloga me ha ayudado mucho porque es un sostén emocional. Nosotras estamos solas en un país que no es el nuestro y lo que más necesitamos es que alguien nos escuche y oriente para tener una mayor seguridad emocional. Hay muchas personas de Venezuela que conocemos de aquí y que están deprimidas”.


Por otro lado, menciona que, gracias a los talleres de nutrición y las tarjetas alimentarias que han sido entregadas a familias como la suya, ahora sí puede brindar una alimentación saludable y balanceada a su madre, que es diabética. Según el referido informe de la OIM, siete de cada diez hogares venezolanos que llevan hasta un año en Ecuador, no pueden acceder a la canasta básica. Como consecuencia, optan por comprar alimentos baratos, reducir comidas diarias y el tamaño de las porciones.


Infancia migrante venezolana en Ecuador

Otra de las familias beneficiarias del proyecto es la de Lady y su pequeña hija de solo cuatro años. Hace dos, Lady decidió dejar todo atrás en Caracas para dirigirse hacia Otavalo. Emprender el viaje con su hija fue un gran desafío, pero la gravedad de las circunstancias en las que vivía le forzaron a hacerlo.


Actualmente, tras la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana en Ecuador, Lady menciona que está buscando regularizar su situación migratoria en el país. Gracias a los talleres de orientación legal que hemos puesto en marcha en el marco del proyecto, ahora conoce mejor los trámites que debe realizar para regularizar su situación migratoria y la de su hija.


Con una sonrisa dibujada en su rostro, cuenta que la tarjeta alimentaria que le entregamos cada dos meses le permite brindar una mejor alimentación a su hija:

“Cuando voy al supermercado compro vegetales, frutas, lácteos, pollo y pescado. Esta tarjeta me permite alimentar bien a mi hija para que pueda crecer fuerte y sana. Su bienestar es lo que más me importa”.


Además, menciona que esta ayuda le permite afrontar el pago del arriendo para no ser desalojada. De acuerdo con un estudio realizado por varias agencias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en siete países de América del Sur, incluido Ecuador, cuatro de cada diez ciudadanos y ciudadanas de Venezuela están en riesgo de perder su hogar en su país de acogida.


Atención regional a la crisis migratoria

El proyecto “Respuesta regional de atención a población en movilidad humana”, financiado por la Unión Europea, es ejecutado por el consorcio Alliance2015 en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. El proyecto se lleva a cabo desde septiembre de 2020 y aborda las necesidades de protección, seguridad alimentaria, nutrición y agua y saneamiento para 74.012 personas. Todas coinciden en algo: están gravemente afectadas por las consecuencias humanitarias de la crisis venezolana. Por si fuera poco, se encuentran en situación de impacto y riesgo alto como consecuencia de la pandemia de COVID-19.


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